Los recursos en el Proceso Penal Juvenil, 2° edición.

Abstract

La justicia penal juvenil salvadoreña ha tenido un avance muy relevante, a 23 años de su implementación en nuestro país, luego de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) por la ONU el 20 de noviembre de 1989, después de la cual muchos países la suscribieron y procedieron al proceso de creación de nuevas normativas especializadas tanto en el ámbito de protección integral de derechos de la niñez y adolescencia, que para el caso salvadoreño lo es nuestra Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (LEPINA), pero así también en materia de justicia penal juvenil, habiéndose creados la Ley Penal Juvenil (LPJ), la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Sometido a la Ley Penal Juvenil (LVCEMMSLPJ), y el Reglamento General de Centros de Internamiento para Menores Infractores (RGCIMI), legislación específica para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, cuyo marco normativo además está cimentado en el Art. 35, Inciso 2.° de la Constitución de la República, la cual establece que “La conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial”.